jueves, 31 de mayo de 2012

[Rueda de Prensa] Comisión Legal “Represión en torno al 12m15m”



Esta mañana, la Comisión Legal Sol del 15m ha convocado una rueda de prensa para exponer sus valoraciones respecto de las jornadas de reivindicación del primer aniversario del movimiento 15M, evaluación que se aleja de la realizada desde el Gobierno.

En la rueda de prensa se ha leído un comunicado y aportado material documental y audiovisual con el objetivo de demostrar que, a pesar del desarrollo pacífico de estas jornadas, se han producido intervenciones policiales diarias que consideran arbitrarias y desproporcionadas, que se han saldado con un total de 28 detenidos y 550 manifestantes identificados. Con posterioridad a la exposición de estos hechos se ha abierto un turno de preguntas en el que se han atendido a las cuestiones planteadas por los periodistas asistentes.
Asimismo, la Comisión ha denunciado que lo que desde el Gobierno se insiste en denominar actuación “ejemplar” de la policía ha resultado ser más bien lo contrario. Por ese motivo, el 14 de mayo publicaron un comunicado denunciando tratos degradantes sufridos por algunos detenidos la primera noche, tanto en el momento de la detención como en el interior de comisaría; hechos éstos gravísimos e inaceptables en democracia.
1.- Que de nuevo, se ha podido constatar que la mayor parte del operativo policial desplegado en las madrugadas del 12 al 15 volvió a incumplir la normativa que regula la identificación de las unidades policiales(Instrucción 13/2007 del Mº del Interior), ya que no portaban el número de placa visible. En relación con este hecho, la Comisión interpuso el 11 de mayo una denuncia ante el Ministerio por las irregularidades en esta materia y solicitó que fueran adoptadas las medidas oportunas para acabar con estas situaciones, que fomentan la impunidad de los efectivos policiales en intervenciones como las reproducidas en los vídeos mostrados.
 2.- Que las identificaciones masivas con objeto de iniciar procedimientos sancionadores administrativos contra las personas que participaban en concentraciones, debates, asambleas o grupos de trabajo, no encuentra asiento legal en nuestro ordenamiento jurídico y sólo tiene cabida en el marco de una estrategia que pretenda desmovilizar a los ciudadanos que desean participar en las decisiones políticas que les afectan.
La Comisión Legal hace especial hincapié en recordar que la negativa a disolver una concentración solo es sancionable en tres supuestos: ilicitud penal, alteración del orden público y que se porten uniformes paramilitares. Y señalan que no se produjeron alteraciones del orden público que justificaran los desalojos, como tampoco este ejercicio recaudatorio e intimidatorio en forma de sanciones, medida especialmente gravosa en el actual contexto de crisis económica. Por todo ello exigen a la Delegación de Gobierno el archivo de todos y cada uno de los expedientes sancionadores anunciados.
Todos estos hechos llevan a la Comisión a realizar un balance desigual de estas jornadas de conmemoración. Por una parte, no esconden su preocupación al comprobar que desde el Gobierno se normalizan comportamientos arbitrarios, violentos e injustificados, perpetrados por funcionarios públicos, y expresamente prohibidos por la legislación vigente y por la Constitución. Pero, por otra parte, se congratulan porque estas jornadas han visibilizado el trabajo que desde las diferentes Asambleas, Comisiones y Grupos de Trabajo se lleva realizando durante un añoesfuerzo que ha permitido a los ciudadanos y ciudadanas convertirse en protagonistas de la realidad política, y que constata que el movimiento 15M continúa de forma masiva en las calles con el mismo espíritu.
Comisión Legal Sol
VIDEO DE LA COMISIÓN LEGAL DE SOL: DESMONTANDO MENTIRAS
COMUNICADO LEIDO EN LA RUEDA DE PRENSA
Comunicado de la Comisión Legal Sol: balance de las jornadas 12M-15M.
Hace ya más de un año que miles de ciudadanos y ciudadanas decidieron convertirse en protagonistas de su propia realidad política y exigir juntos más democracia. Un año después, el movimiento 15M continúa de forma masiva en las calles con ese mismo espíritu.
Finalizadas las jornadas de conmemoración del primer aniversario del 15M, desde la Comisión Legal consideramos conveniente realizar un balance de las mismas, partiendo de nuestra experiencia directa.
Durante los cuatro días que duraron los actos conmemorativos, hemos participado en los debates, propuestas, acciones y campañas en las que las Asambleas, Comisiones y Grupos de Trabajo que conformamos este movimiento hemos puesto de manifiesto el trabajo que llevamos desempeñando desde hace ya un año. En las calles y las plazas se ha visibilizado el esfuerzo y el tiempo que la ciudadanía ha dedicado a tejer redes de apoyo mutuo, a analizar la dramática situación en la que nos encontramos y a tratar de aportar soluciones creativas ante la misma.
Y todo ello se ha desarrollado sin el más mínimo incidente, sin que el orden público se haya visto alterado en modo alguno. Muy al contrario, estos cuatro días hemos vivido en las calles y plazas de Madrid un ambiente de convivencia, confraternización y respeto mutuo, que no es sino la tónica habitual en la que se llevan dando las movilizaciones públicas de este movimiento a lo largo de todo este tiempo.
Sin embargo, lo único que parece haber trascendido de tanto esfuerzo ha sido un saldo total de 28 detenciones en intervenciones policiales diarias, que se llevaron a cabo sin que mediara razón alguna que pudiese justificarlas. Asimismo, el Gobierno ha manifestado su intención de iniciar procedimientos sancionadores contra 360 de los más de 550 manifestantes identificados. Esta actuación nos conduce a compartir varias reflexiones principales:
Primero, en lugar de analizar y valorar las propuestas presentadas por las Asambleas, Comisiones y Grupos de Trabajo del 15M, los dirigentes políticos han optado por promover conscientemente el protagonismo de las cuestiones relativas al orden público, cediendo su portavocía a la Delegación del Gobierno. La estrategia es clara: su insistencia en relacionar al 15M con problemas de orden público pretende desvíar la atención respecto de la actividad constructiva y noviolenta de este movimiento, basada en un pacífico ejercicio del derecho de reunión. Debemos recordar que éste es un derecho fundamental, especialmente protegido por la Constitución. Se busca, de esta manera, generar un protagonismo programado en torno a un balance partidista, intencionadamente alejado de lo que realmente aconteció en las calles.
En segundo lugar, desde el Gobierno se ha insistido reiteradamente en que la actuación policial durante estos días ha sido ejemplar, sin incidentes ni cargas. Sin embargo, los hechos desmienten esta interpretación. Por ello, esta comisión publicó el día 14 un comunicado denunciando haber tenido constancia de tratos degradantes sufridos por algunas de las personas detenidas la primera noche, tanto en el momento de la detención como en el interior de la comisaría. Lamentablemente, algunos de estos hechos se repitieron en las noches siguientes:
Según relatan las personas detenidas, algunas de ellas fueron obligadas a permanecer varias horas en el patio, de pie y esposadas por la espalda.
Se ha denunciado que se han propinado bofetadas a una persona detenida, intimidando al resto para que no mirasen.
Un detenido fue agredido por pedir el número de placa a un agente, estando ya esposado y rodeado de policías.
Se han producido actos de dudosa legalidad en el transcurso de las detenciones
Varias de las detenciones corresponden a personas que no estaban vinculadas con las movilizaciones y cuyo único delito fue “pasar por el lugar equivocado en el momento equivocado”: personas que salían de una discoteca, camareros de terrazas, periodistas o jóvenes que volvían de fiesta.
Igualmente, son varios los documentos gráficos y los testimonios que revelan comportamientos violentos y arbitrarios por parte de algunos agentes en el transcurso de estas actuaciones injustificadas, que han motivado lesiones de gravedad, con fracturas en algunos casos.
Gran parte de estos hechos han sido ya denunciados en el juzgado y confiamos en que se depuren las responsabilides -jurídicas y políticas- que procedan en cada uno de los casos.
Que desde la Delegación del Gobierno en Madrid se afirme que no han visto los vídeos, y que, sin verlos, duden a priori de su veracidad, sólo demuestra una total falta de diligencia en las tareas que le han sido asignadas. Es la Delegación quién debería “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, como expresamente se prevé en el artículo 23.3 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Es, por tanto, su obligación investigar las denuncias públicas por abusos policiales que se hayan producido, por cuanto son hechos absolutamente inadmisibles en el marco de un Estado Democrático de Derecho. Recordamos que la Constitución, en su artículo 9.3, prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, lo que implica que toda actuación debe estar justificada, ser proporcional y adecuada. En modo alguno pueden considerarse justificadas las intervenciones policiales, dado que no hubo alteración del orden público que las motivase; no cabe considerarlas proporcionadas, como puede apreciarse en los vídeos ya reseñados, por lo que en absoluto pueden calificarse de adecuadas. Por ello, esta Comisión ha escuchado incrédula y profundamente preocupada las declaraciones de la Delegada del Gobierno calificando la actuación de la Policía como “ejemplar”.
Desgraciadamente, estas afirmaciones no resultan disparatadas si tenemos en cuenta que Amnistía Internacional, en su informe anual hecho público la semana pasada, señala que “Hubo denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones del movimiento del 15-M celebradas en todo el país entre mayo y agosto” (http://www.amnesty.org/es/region/spain/report-2012). Debemos lamentar que estos hechos no hayan sido subsanados, ni sus responsables procesados; por el contrario, un año más tarde nos vemos obligados de nuevo a denunciar públicamente actos de similar gravedad.
En tercer lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, debemos destacar que de nuevo la mayor parte del operativo policial volvió a incumplir la Instrucción 13/2007, que regula la identificación de las unidades policiales. Con fecha de 11 de mayo, esta Comisión interpuso una denuncia por las irregularidades en esta materia, solicitando que fueran adoptadas las medidas oportunas para poner fin a estas situaciones; lejos de acusar recibo de la misma y proceder a la apertura de los expedientes disciplinarios correspondientes, el Ministerio del Interior amparó dichos comportamientos, dado que los agentes desplegados en las madrugadas del 12 al 15 de mayo no portaban el número de placa visible, como se puede ver en este vídeo:
Debemos 
#12M AGRESIÓN POLICIAL A CHAVAL INDEFENSO
insistir en que estos hechos vulneran la legalidad vigente, tantas veces exigida a la ciudadanía para manifestarse, provocando la impunidad de los efectivos policiales en actos como el recogido en este otro vídeo:
(min 0:42)
En cuarto lugar, queremos hacer hincapié en lo que entendemos como una utilización oportunista e indiscriminada de procedimientos sancionadores administrativos contra la ciudanía que pretendía participar en concentraciones pacíficas. Una decisión política como ésta no encuentra asiento legal en nuestro ordenamiento. Sí lo tiene, en cambio, en el marco de una estrategia que pretende desmovilizar a aquellas personas que desean participar en las decisiones políticas que les afectan y expresarse en el espacio público de una manera responsable y noviolenta.
Debemos recordar que la negativa de disolver una concentración sólo será sancionable, según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, cuando se den los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983: ilicitud penal, alteración del orden público y que se porten uniformes paramilitares. Ninguno de estos supuestos se ha dado en la Puerta del Sol, ninguna imagen recoge alteración alguna que justifique los desalojos y aún menos este ejercicio recaudatorio e intimidatorio en forma de sanciones, medida especialmente gravosa en el actual contexto de crisis económica. Exigimos a Delegación de Gobierno el archivo de todos y cada uno de los expedientes sancionadores anunciados.
Y ante todo lo anterior, nos preguntamos: ¿Es ésta la normalidad a la que se refiere el Gobierno? Si es así, debemos confesar que su idea de normalidad asusta. Asistimos, por un lado, a una pérdida dramática de derechos sociales y económicos para la ciudadanía, a un proceso histórico de asalto al Estado del Bienestar; y, por otro, a un aumento de la represión sobre quienes manifiestan su oposición y proponen alternativas. Asusta, en efecto, imaginar que esta deriva autoritaria es cuanto cabe esperar de quienes dicen representar nuestros intereses y gobernar para la mayoría.
Dado todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Legal realiza un balance desigual de estas jornadas de conmemoración. Por una parte, no podemos esconder nuestra preocupación al comprobar que desde la Delegación del Gobierno de Madrid se normalizan comportamientos arbitrarios, violentos e injustificados, perpetrados por funcionarios públicos, y textualmente prohibidos por la legislación vigente y por la Constitución.
Por otra parte, nos congratulamos porque estas jornadas han permitido visibilizar el trabajo de quienes, desde las distintas Asambleas, Comisiones y Grupos de Trabajo, llevan un año esforzándose por no desfallecer ante esta grave situación política y social; y que, además, afrontan la misma con energía y determinación, tratando de encontrar soluciones creativas a las dificultades. En definitiva, estas jornadas de aniversario han mostrado una vez más el civismo y la conciencia social que laten en el corazón del Movimiento 15M.
Comisión Legal Sol
POLICIA NACIONAL ABUSANDO DE UNA CHICA DURANTE EL DESALOJO DEL 12M

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