Acabo de leer artículo muy interesante que critica de un modo bastante constructivo y marxista todo lo que está ocurriendo actualmente en Cataluña. Lejos de chovinismos patrioteros, de comparaciones facilonas entre nacionalismo catalán y nazismo y de otras cosas más casposas como las puñeteras banderitas esas del logotipo de Osborne, cuando nosotros criticamos al nacionalismo de CiU y compañía lo hacemos con la cabeza y no con los cojones toreros como hacen los demás.
«El nacionalismo militante de la burguesía, que embrutece, engaña y divide a los obreros para hacerles ir a remolque de los burgueses, es el hecho fundamental de nuestra época» Lenin, Notas críticas sobre la cuestión nacional.
Introducción: cuando la izquierda abandona el internacionalismo
¿Una nación puede ser verdaderamente libre coexistiendo con el sistema imperialista que oprime a los pueblos? ¿La verdadera independencia de una nación implica necesariamente la separación y nuevas fronteras, o bien la separación representa una escenificación para someter la nación a otro poder extranjero, a cambio de algunos beneficios para las clases dominantes que promueven el movimiento nacional?
«Mudar de señor no es ser libres» escribió sarcásticamente Quevedo cuando la oligarquía catalana a través de la Generalitat dirigida por Pau Claris rompió con la corona de España en 1641 y reconoció al rey de Francia –el Borbón Luis XIII– como su señor, otorgándole el título de Conde de Barcelona y soberano del Principado, en una aventura que finalizó con la anexión francesa de una parte de Cataluña mediante el Tratado de los Pirineos. Hoy se diría a los que desde la izquierda promueven el “derecho a decidir” en Cataluña –buscando la protección de Bruselas o Berlín– que «mudar de imperialismo no es ser libres».
En Cataluña, la mejor tradición de la izquierda revolucionaria, simultáneamente nacional e internacionalista, planteaba que el derecho de autodeterminación era una solución estéril, contraria a los intereses del pueblo de Cataluña y de la nación catalana –y de cualquier otra– si no se vinculaba con el contexto de la lucha antiimperialista. El dirigente comunista Joan Comorera, uno de los fundadores del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) –muerto en las cárceles franquistas por luchar por la libertad de Cataluña y de España–, fue uno de los que mejor supo vincular la cuestión nacional catalana con el internacionalismo revolucionario y la transición al socialismo. Aplicando a Cataluña las ideas de Lenin al respecto, Comorera consideraba reaccionario y contrario a los intereses de los trabajadores desvincular el problema nacional concreto de Cataluña de la lucha general contra el imperialismo:
«Cataluña es una nación. Pero Cataluña no puede aislarse. La tesis de que Cataluña puede resolver su problema nacional como un caso particular, desentendiéndose y hasta en oposición al problema general del imperialismo y de la lucha del proletariado, es reaccionaria. Por este camino se va a la exageración negativa de las peculiaridades nacionales, a un nacionalismo local obtuso. ¡Por este camino no se va hacia la liberación social y nacional, sino a una mayor opresión y vejación!» (1).
Las causas de la opresión y explotación de los trabajadores y el pueblo de Cataluña eran las mismas que afectaban a los trabajadores y el pueblo de España: la oligarquía española –incluyendo la gran burguesía catalana y vasca– y el imperialismo internacional. Por este motivo, Comorera planteaba la necesaria unidad de los pueblos y los trabajadores del Estado en torno a la reivindicación de la República Popular española como marco común donde se conseguirían las libertades para Cataluña:
«Por tanto, compañeros, el camino a seguir para Cataluña no ofrece dudas. Únicamente la República Popular de España dirigida por la clase obrera permitirá a Cataluña el pleno y libre ejercicio de su derecho de autodeterminación. Únicamente la República Popular de España dirigida por la clase obrera, garantizará el respeto estricto y absoluto a la expresión de su voluntad soberana. (…) Y esta República Popular dirigida por la clase obrera, sólo la podrá conseguir Cataluña luchando en fraternal unión con los otros pueblos hispánicos» (2).
Rompiendo con este principio internacionalista y revolucionario, la mayoría de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda catalana consideran que ahora es el momento adecuado para plantear, como reivindicación prioritaria, la consigna del “derecho a decidir”. A partir de la democracia general y abstracta –como si las clases dominantes y las oligarquías imperialistas pudieran tolerar más democracia y “derecho a decidir” que el que les beneficia– los ciudadanos catalanes podrían escoger libremente el futuro político de Cataluña, incluyendo la eventual creación de un nuevo Estado.
Todo el debate político actual se ha desplazado a planteamientos sobre la forma que debe adoptar el Estado español y Cataluña, como si se pudiera hacer abstracción de la posición que los poderes dominantes obligan a ocupar a Cataluña y España dentro del conjunto de los países imperialistas, que se relacionan de forma estrictamente jerárquica entre los dominantes –Estados Unidos, Alemania y Japón, principalmente Estados Unidos– y los más dependientes como Italia, Portugal, Grecia, España… y Cataluña. Además, la dependencia se acentúa con la crisis dado que las decisiones más importantes se toman sobretodo en Bruselas y Berlín, donde se dictan estrictamente las políticas a seguir, de tal modo que los países dependientes se convierten en caricaturas de Estados al perder la mayor parte de su soberanía nacional: son simplemente unos Estados vasallos sometidos a la división internacional del trabajo dictada por Alemania y las otras dos potencias imperialistas dominantes. La inserción de la Unión Europea en un mercado capitalista mundial en crisis, convulsionado por las luchas entre las diferentes potencias imperialistas y por la irrupción de países más independientes como los llamados BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, se realiza bajo la hegemonía política de Alemania, país que ha elaborado desde hace décadas una estrategia de fomento de los diferentes movimientos nacionalistas y étnicos para reestructurar la Unión Europea exclusivamente en provecho propio y en detrimento de otras oligarquías competidoras como la de Francia. El “derecho a decidir” para Cataluña y otras regiones de Europa, como Escocia o Flandes, independientemente de los sentimientos populares y del idealismo que despierta en una buena parte de sectores populares catalanes que sienten la necesidad de ejercer un derecho democrático, no sería más que una estrategia adoptada por la burguesía nacionalista catalana que busca mejorar su posición dentro del sistema imperialista, de común acuerdo con la estrategia elaborada por la Europa alemana.
El lugar que ocupan España y Cataluña en el mundo
La contradicción principal de nuestra era es la que enfrenta al imperialismo con los pueblos oprimidos que luchan por librarse del dominio imperialista y de un mercado capitalista mundial disputado por los tres polos imperialistas dominantes, puesto que de esta contradicción nacen los movimientos populares y las revoluciones actuales.
Las corporaciones y grandes grupos económicos -tanto financieros como industriales- que dominan la economía mundial, a excepción de algunos pocos países independientes que tratan de controlar y gestionar en su provecho la entrada de capital extranjero, se articulan en cadenas económicas transnacionales –acertada descripción cuya autoría recae en el marxista italiano Gianfranco Pala (3)– a partir de eslabones constituidos por diferentes capitales nacionales –ya sean de las industrias o las finanzas, o un híbrido de ambos– asociados de forma jerárquica dentro de las cadenas, y donde el capital se centraliza o se descentraliza y se establece en red en función de sus necesidades. Estas cadenas se estructuran como monopolios y oligopolios imperialistas mundiales que compiten entre ellos, lo que no excluye alianzas puntuales en función del contexto económico global. La relación de estas cadenas transnacionales con los Estados y naciones que atraviesan y con las instituciones supranacionales viene dada por el porcentaje de los diferentes capitales nacionales en estas cadenas, por la competencia entre éstas en cada país y grupo de países, y por la influencia que un Estado determinado tenga –en términos militares, o de “persuasión” económica sobre otros socios, por ejemplo, a través del control que Alemania tiene de la deuda externa de Grecia y España o sobre el euro– para defender los intereses de su oligarquía dentro de estas cadenas.
La soberanía nacional, en el contexto del imperialismo actual, así como el papel de los Estados nacionales, no se corresponde ya con su función clásica de defensa del mercado nacional, puesto que éste se ha internacionalizado y la soberanía se diluye en función de la posición jerárquica que los capitales y las oligarquías tengan dentro de las diversas cadenas imperialistas. El dominio final, no obstante, corresponde siempre a las tres potencias imperialistas principales -Estados Unidos, Alemania y Japón-, y las diferentes soberanías nacionales de los imperialismos dependientes se transfieren a instituciones situadas sobre los Estados y supervisadas por los “tres grandes”, ya sean instituciones públicas y formalmente “democráticas”, o privadas y cerradas a cualquier “injerencia” de los ciudadanos.
Los diferentes Estados imperialistas se transforman de esta manera en oficinas de defensa y gestión de los diferentes capitales nacionales articulados dentro de estas cadenas, por tratar de mejorar su posición dentro de la jerarquía imperialista. Las instituciones europeas y mundiales que pretenden regular el mercado capitalista mundial representando intereses diversos –como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el G-8, la Cumbre Asia-Pacífico, el Foro Transatlántico, la Organización Mundial del Comercio, etc.–, son las instituciones donde los representantes políticos de las diferentes oligarquías imperialistas –a veces con la presencia de otros países independientes como China, países latinoamericanos y asiáticos, etc.– discuten “democráticamente” y a la vista del público, pero indudablemente existen otros foros y otros mecanismos, opacos y ajenos a la vista indiscreta de la opinión pública, donde se toman decisiones y se resuelven conflictos de forma poco ortodoxa entre los diferentes poderes imperialistas.
Dentro de estas cadenas imperialistas se inserta el Estado español y también Cataluña, exactamente en el lugar que les han obligado a ocupar los imperialismos dominantes: especialización en turismo, especulación urbanística y financiera, mano de obra barata, y en el caso de Cataluña y Euskadi, pequeñas y medianas industrias que son competitivas dentro de las cadenas transnacionales y complementan a las grandes corporaciones. Es importante remarcar que Cataluña o Euskadi –y en menor medida otras zonas más pobres del Estado al igual que la totalidad de España– forman parte del mundo imperialista occidental. No son naciones oprimidas sino naciones opresoras –por supuesto, no al mismo nivel que Estados Unidos, Alemania o Francia porque no tienen el mismo poder y sólo pueden contentarse con las sobras–, en la medida en que sus burguesías y sus sociedades –principalmente las más desarrolladas como la catalana o la vasca– pretenden beneficiarse o se han beneficiado de la pertenencia a una parte del mundo, el occidente capitalista, que domina y explota a los países del llamado tercer mundo a través del neocolonialismo, la deuda externa, el intercambio desigual y el chantaje político o las guerras de la OTAN. Históricamente, tanto España como Cataluña o el País Vasco se beneficiaron del imperio colonial español desarrollando su industria, su comercio y sus finanzas, recibiendo materias primas baratas o traficando con esclavos. Pero la inserción de España dentro de las cadenas imperialistas internacionales se realiza desde la dependencia a otros capitales dominantes, dependencia que se hace sentir duramente con la crisis capitalista actual.
La persistencia de la crisis capitalista y la intensificación de la competencia económica mundial genera desasosiego y pánico a las burguesías más dinámicas y prósperas del país, catalanas y vascas. Paralizadas por el estancamiento de España, ven peligrar sus intereses y buscan otras opciones dentro de las cadenas imperialistas internacionales que no pasen por la dependencia hacia una oligarquía española en retroceso: buscan mejorar sus posiciones dentro de la jerarquía global imperialista y de la nueva división internacional del trabajo que se está realizando por la crisis capitalista mundial. Y a pesar de que una gran parte de trabajadores y sectores populares y militantes de formaciones políticas tengan una idea muy diferente al respecto, sólo es en este contexto donde se puede practicar el famoso “derecho a decidir”.
¿Es posible ejercer el “derecho a decidir” en el seno del imperialismo?
Separarse no significa necesariamente independencia y libertad: muchas veces puede significar su contrario. El derecho de autodeterminación de las naciones siempre ha sido un derecho reconocido y defendido por la izquierda revolucionaria, transformadora. Y, efectivamente, sigue siendo un derecho a defender en contextos de una opresión nacional. Pero este ejercicio aparentemente democrático y justo también puede convertirse en su contrario y ser utilizado por el imperialismo para sus propios fines de opresión nacional mucho más terrible: en 1861 la Confederación del Sur de Estados Unidos apeló al “derecho a decidir” para separarse del Norte, mantener el poder de los terratenientes y someter a los negros a la esclavitud; Hitler utilizó en 1938 el derecho de autodeterminación teóricamente para «proteger» a la minoría alemana de Checoslovaquia «oprimida por la mayoría checa», pero en la práctica se apoderó de los Sudetes y después de todo el país, esclavizando a los checoslovacos; en la región de Katanga situada en el Congo, en 1960 los imperialismos belga y norteamericano promovieron la secesión de esta rica región minera tras el triunfo del dirigente revolucionario Patrice Lumumba; durante los años 90 del siglo pasado, el imperialismo norteamericano y europeo –y sus cómplices entre la izquierda occidental– esgrimieron el derecho de autodeterminación en Yugoslavia para justificar las injerencias imperialistas y las bombas de la OTAN contra aquel país multinacional: la vergüenza de Kosovo –modelo que muchos independentistas catalanes anhelan para Cataluña–, que ha pasado a ser una región autónoma de Serbia a una semi-colonia de la OTAN después de contar miles de víctimas civiles –con un presidente acusado de traficar con órganos humanos, drogas y prostitución–, es la prueba más palpable de que las libertades nacionales son incompatibles con el imperialismo.
Lenin, Comorera y el PSUC histórico sabían perfectamente que el derecho de autodeterminación es un espectáculo de fuegos artificiales o, peor aún, un vehículo de mayor opresión nacional y contra los trabajadores si no se supedita lo particular –las reivindicaciones nacionales– a lo general –la lucha contra el imperialismo en la perspectiva de avanzar al socialismo–, y por ello rechazaban apoyar indiscriminadamente a todo movimiento democrático, como el de autodeterminación, cuando podían favorecer de alguna forma al imperialismo. Lenin lo explicó de esta manera:
«Las distintas reivindicaciones de la democracia, incluyendo la de la autodeterminación, no son algo absoluto, sino una partícula de todo el movimiento democrático (hoy socialista) mundial. Puede suceder que, en un caso dado, una partícula se halle en contradicción con el todo; entonces hay que desecharla. Es posible que en un país el movimiento republicano no sea más que un instrumento de las intrigas clericales o financiero-monárquicas de otros países; entonces, nosotros no debemos apoyar ese movimiento concreto. (…) No hay ni puede haber una sola reivindicación parcial de la democracia que no engendre abusos si no se supedita lo particular a lo general; nosotros no estamos obligados a apoyar ni “cualquier” lucha por la independencia, ni “cualquier” movimiento republicano o anticlerical» (4).
Desmarcándose de esta tradición, la mayoría de la izquierda catalana –hoy nacionalista– considera progresista y favorable para Cataluña situar en estos momentos el “derecho a decidir” o de autodeterminación dentro del marco del imperialismo internacional, independientemente de que el poder real esté concentrado de forma absoluta en manos de las diferentes oligarquías, las multinacionales y los grandes bancos y corporaciones –formas que adopta el capital monopolista–, las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, la OTAN, el Banco Central Europeo y otras muchas instituciones, públicas o clandestinas, cerradas al control de los trabajadores y la mayoría de la ciudadanía, que impone una disciplina de hierro a los Estados vasallos y dependientes como España, Portugal, Grecia o Italia entre otros. Y se trata del imperialismo real, ejercido por los poderes dominantes dentro de la Unión Europea, Estados Unidos y sus instituciones de la mundialización capitalista y de las guerras genocidas fuera de Europa –apoyadas por parte de la izquierda mal llamada “soberanista”–, no del imperialismo de pacotilla, decadente, segundón y hasta semicolonial que es hoy el español. Frente a esta política nacionalista, Comorera había planteado muchos años antes la tesis irrefutable de la incompatibilidad de la soberanía nacional bajo el dominio de los monopolios capitalistas:
«La soberanía nacional y el capitalismo monopolista son incompatibles y su consecuencia lógica, la recuperación de la soberanía por la nación, supone la liquidación previa del capitalismo monopolista, es decir, como primera medida, la nacionalización de los monopolios» (5).
Afirmar que las libertades nacionales se pueden adquirir bajo el dominio imperialista, que saquea, oprime y extermina pueblos, –los últimos: Costa de Marfil, Libia, Siria y Palestina– por defender sus libertades nacionales, es erróneo políticamente y sólo lleva a un lavado de cara al imperialismo opresor de los pueblos. Como efecto secundario, se crea la falsa ilusión de que vivimos en un sistema democrático “puro” y neutral, que puede beneficiar a toda la ciudadanía por igual, alimentando las falsas ilusiones de muchos trabajadores de que dentro de la Unión Europea se va a solucionar la crisis y los problemas que les afectan. Pero cuando las instituciones imperialistas disfrutan de un poder absoluto y convierten a los gobiernos “democráticos” –incluso en la “civilizada” Europa– en simples funcionarios que deben aplicar sus órdenes –y cuando no las cumplen se perpetran golpes de Estado blandos, como en Italia y Grecia– resulta curioso suponer que estas mismas instituciones permitan ejercer un “derecho a decidir” real y auténtico que vaya más allá del formalismo de unas nuevas fronteras y de una nueva estrella en la bandera de una Unión Europea imperialista, en la que, por otra parte, se siente tan a gusto una buena parte de la izquierda de nuestro país.
Cataluña: ¿nuevo Estado capitalista en Europa?
Partiendo de la legitimidad que tienen los pueblos a ejercer su derecho de autodeterminación y del rechazo a toda forma de opresión o discriminación nacional, es preciso recordar que no existen derechos ni deberes en abstracto, desconectados de la realidad social y económica, que no tengan un carácter de clase. Es decir, tales derechos jamás pueden beneficiar simultáneamente –excepto en momentos puntuales de la historia– a los grupos o clases sociales que tienen intereses diferentes: las elites económicas constituidas por la gran burguesía y los trabajadores; los pequeños comerciantes y los dueños de las grandes superficies comerciales, o bien a los neoliberales que defienden los intereses privados con la izquierda que defiende el sector público universal.
La izquierda mayoritaria, reformista –que hasta el momento no tenía mayores pretensiones ideológicas que la teorización de un “capitalismo humanitario” quimérico, aunque sostenible y ecológico, ni mayores pretensiones políticas que tratar de frenar, a toro pasado, las sucesivas oleadas políticas de recortes y austeridad– así como otras organizaciones de extrema izquierda –por muy buena voluntad que tengan– han visto la ocasión de oro para arañarse unos votos entre ellas sumándose a un movimiento promovido, dirigido y hegemonizado por la burguesía y la oligarquía nacionalistas y reaccionarias, organizadas en Convergència i Unió (CiU) y sus organizaciones y asociaciones satélites, que disfrutan del respaldo absoluto de muchos medios de comunicación, públicos y privados, para construir su hegemonía reaccionaria sobre el pueblo de Cataluña. Se trata de una fuerza política –como el PP y en gran medida el PSOE– radicalmente pro-imperialista, pro-sionista, neoliberal y promotora de privatizaciones, recortes sociales, reformas laborales y guerras imperialistas genocidas. No sólo eso, sino que la izquierda parlamentaria vota a favor de propuestas de CiU, y casi toda la izquierda participa en manifestaciones y actos públicos promovidos por esta misma fuerza política apoyando su concepto de “derecho a decidir”. Muy poca memoria histórica tiene esta izquierda, así que recordemos la caracterización tan exacta que hizo Comorera de esta burguesía a la que hoy se considera tan democrática y digna de apoyo total:
«La burguesía catalana no intentó ponerse más caretas y se pasó abiertamente al campo de la anti-España, de la anti-Cataluña. Fue una fuerza más de las clases y castas que han oprimido a los hombres y los pueblos hispánicos, que han hecho siempre de la opresión nacional uno de sus objetivos principales, históricos. Nuestra burguesía conspiró con los militares traidores, con los fascistas y los nazis contra la República y tomó parte activa en la sublevación del 18 de julio. La burguesía catalana ha sido y continua siendo una de las principales fuerzas del régimen franco-falangista» (6).
La izquierda nacionalista entiende que ahora es el momento de plantear estrategias comunes con la gran y pequeña burguesías secesionistas, lo cual puede acarrear efectos devastadores en la lucha de clases. Quizás todas las gesticulaciones en torno al “derecho a decidir” acaben reducidas a una teatralización que le permitan a la burguesía catalana mayor margen de maniobra frente a Madrid, como ha sucedido tantas veces. Pero de momento han tenido el efecto de desviar a un discreto segundo plano las políticas de austeridad, privatizaciones, recortes sociales, reformas laborales, y graves acusaciones de corrupción contra CiU que erosionaban a esta fuerza política. El debate se ha polarizado, de esta manera, en torno a la cuestión nacional, donde las propuestas estrellas de las diferentes organizaciones políticas se centran en el aspecto formal, el modelo de Estado –autonómico, federal, confederal o la secesión de Cataluña– pero, excepto por las opciones minoritarias de izquierdas, se habla poco del contenido real de ese Estado, que implica en definitiva asumir que el poder seguirá siendo ejercido por las mismas elites de siempre.
Con la apuesta nacionalista de buena parte de la izquierda catalana, continuidad natural de otros frentes establecidos con CiU por el nuevo Estatut de Cataluña o por el llamado pacto fiscal –que significa concederle el poder a la burguesía catalana sobre la totalidad de la riqueza pública generada por los trabajadores–, se le ha dado oxígeno a esta fuerza política a costa de erosionar gravemente la independencia política de las organizaciones de izquierda, de la clase obrera y los sectores populares catalanes, una estrategia –la priorización del “derecho a decidir” al lado de la gran burguesía– denunciada hace mucho por Lenin:
«No hay una sola de estas reivindicaciones que no pudiera servir, y que no haya servido en ciertas circunstancias, de instrumento de engaño de los obreros por parte de la burguesía. Destacar en este sentido una de las reivindicaciones de la democracia política, o sea, la autodeterminación de las naciones, para contraponerla a las demás, es radicalmente falso desde el punto de vista teórico. En la práctica, el proletariado sólo puede conservar su independencia subordinando su lucha por todas las reivindicaciones democráticas, sin excluir la república, a su lucha revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía» (7).
La cuestión nacional en Cataluña y en España ha cambiado sustancialmente a lo largo de la historia. Es evidente que no es la misma hoy que había bajo el franquismo –donde Cataluña y otros pueblos, incluyendo el español, venían de sufrir terribles opresiones nacionales, culturales y sociales– ni bajo la I o la II República, donde había espacios de libertades nacionales. Y es también evidente que las fuerzas que impulsan y dirigen hoy el movimiento nacional en Cataluña –las fuerzas reales, no las subalternas que van tras ellas– no tienen nada que ver con aquellas fuerzas que lo hacían 30, 50 o 80 años atrás. No estamos en los tiempos de la década de 1840, en los que se gritaba durante las insurrecciones obreras de Barcelona las consignas de «República catalana» y «Estado catalán» (8). Tampoco estamos en la década de 1930, cuando, en palabras del historiador Pierre Vilar «el catalanismo era político y burgués. La catalanidad era sentimental, popular, cosa de campesinos, tenderos, artesanos, empleados, sacerdotes, maestros. Sus intérpretes fueron Macià y Companys» (9). Ni tampoco nos encontramos en 1936, cuando el PSUC disputó a la pequeña y mediana burguesía de Esquerra Republicana de Catalunya la dirección del movimiento nacional catalán desde una perspectiva proletaria. Pero la izquierda nacionalista parece haber olvidado la historia y con ella otro principio fundamental que vinculaba la cuestión nacional y la de clase:
«En diferentes épocas salen a la palestra diferentes clases, y cada clase entiende a su manera la “cuestión nacional”. Por consiguiente, la “cuestión nacional” sirve en las distintas épocas a distintos intereses y adopta distintos matices según la clase que la promueve y la época en que se promueve.» (10)
¿Qué clase social domina hoy la cuestión nacional en Cataluña y en España? ¿A qué intereses sirve hoy la cuestión nacional en nuestro país?
Una parte de las clases dominantes españolas, la oligarquía histórica compuesta por financieros, terratenientes e industriales –de la que forman parte también catalanes y vascos– tradicionalmente defensora de un centralismo monárquico y reaccionario, cuando no fascista, y propensa a resolver la cuestión nacional incrementando la opresión y la supresión de libertades nacionales, ve con recelos el movimiento político de la burguesía catalana nacionalista, que promueve nuevas formas de sumisión al imperialismo que no pasen por Madrid. Sus ramificaciones en Cataluña incluyen tendencias antinacionalistas, lerrouxistas, antiautonomistas y fascistas, que buscan capitalizar el descontento de muchos trabajadores por el giro nacionalista de la izquierda. Algunas de ellas representan la tradición de la clase oligárquica española que, desde Fernando VII hasta Franco –con los breves momentos de las revueltas liberales y las dos Repúblicas– han sometido a los pueblos de Cataluña y España, y a los obreros y los campesinos, a regímenes opresivos, brutales, reaccionarios, caciquiles y dictatoriales con el objetivo de defender sus intereses de clase a cualquier precio.
En Cataluña los intérpretes privilegiados de esa antigua «catalanidad popular» ya no son los dirigentes de Esquerra Republicana. Se han apoderado de ella, casi de forma absoluta, las familias oligárquicas nacionalistas, desviando el descontento de los catalanes por las políticas antisociales hacia el sentimiento nacionalista e identitario, desplegando la bandera del falso independentismo. La burguesía nacionalista, y dentro de ella los sectores más reaccionarios y pro-imperialistas, utiliza políticamente el movimiento nacional en marcha agitando un eventual secesionismo. Este sector de la gran burguesía ha sabido movilizar a amplios sectores de la sociedad explotando hábilmente el cansancio por la ausencia de alternativas reales a las duras políticas de ajuste, austeridad y recortes sociales; el sano y positivo sentimiento patriótico y de apego al país de muchos catalanes; la convulsa y muchas veces injusta relación histórica de España hacia Cataluña, que acumuló muchos resentimientos nacionales; los rencores provocados por decisiones políticas de los sucesivos gobiernos centrales y, finalmente, el sentimiento de odio hacia la España pobre y subdesarrollada –sintetizado en un antiespañolismo visceral– que tradicionalmente ha sido el ADN del nacionalismo reaccionario de sectores de la burguesía y la pequeña burguesía para los cuales la Europa rica es el espejo hacia el que mirarse. Como expresó Artur Mas, el presidente actual de la Generalitat tras la histórica manifestación nacionalista del 11 de septiembre, traduciendo el estado de ánimo imperante en una mayoría de nacionalistas: «la España del norte se ha cansado de la España del sur y la Europa del norte también se ha cansado de la Europa del sur» (11). El catalanismo reaccionario tradicional, que había visto en el “charnego” pobre y emigrante su “bestia negra”, se ha transformado en la metáfora políticamente correcta que muestra a una Cataluña –al igual que la “Europa del norte”– lastrada por el atraso y la pobreza de la España del sur y “expoliada” financieramente por un Estado central que subsidia estas regiones pobres, aunque nadie de los que habla de “expolio fiscal” protestó cuando llegaron cuantiosos fondos europeos estructurales y de cohesión para España y Cataluña. Que una gran parte de la izquierda catalana se haya sumado a un movimiento de estas características dice muy poco a su favor.
Otra de las carencias notables de gran parte de la izquierda que defiende el “derecho a decidir” en versión convergente es la ausencia de un programa de superación del capitalismo y de transición al socialismo: cuando se asume el “derecho a decidir” tal y como ha sido planteado por CiU y sin cuestionar previamente el dominio imperialista, lo que se está pidiendo en realidad –aunque sea inconscientemente o aunque se busque sinceramente lo contrario– es la creación de condiciones para la formación de un nuevo Estado capitalista dentro de la Europa imperialista, es decir, un Estado compatible con el domino de los grandes monopolios industriales y financieros, y las instituciones imperialistas que garantizan el poder de las oligarquías sobre los trabajadores y los pueblos. Un Estado, además, que seguramente será usufructado por CiU durante muchos años. De nuevo la clarividencia de Comorera resalta frente a la claudicación política:
«La separación por la separación es una idea reaccionaria, ya que en nuestro caso concreto, Cataluña, constituyéndose en un Estado independiente, saldría de una órbita de explotación nacional para caer dentro de otra igual o peor. (…) La separación por la separación no resuelve el problema nacional, porque la continuidad del imperialismo comporta la opresión nacional, progresiva, incluso de aquellas naciones que un día fueron independientes y soberanas» (12).
Esto es tan evidente que la izquierda nacionalista no explica en ningún lugar la cuadratura del círculo que propone: cómo conseguir que los trabajadores y el pueblo de Cataluña tengan el “derecho a decidir” efectivo sobre su futuro cuando las principales fuentes de la economía del país son propiedad de la oligarquía catalana dependiente del imperialismo yanqui y alemán, o cuando el futuro del pueblo de Cataluña se encuentra enjaulado, al igual que el futuro del resto de España, en unas instituciones imperialistas que imponen milimétricamente a los gobiernos –a los gobiernos españoles, al actual gobierno autonómico catalán o a un futuro hipotético gobierno independiente en Cataluña– unas políticas que están deteriorando brutalmente las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo catalán, de todos los pueblos del Estado español y del resto de la Unión Europea.
El “derecho a decidir” como estrategia del neoliberalismo y el imperialismo
El auge del nacionalismo secesionista en Cataluña no es un hecho fortuito ni aislado. Dentro de la Unión Europea una serie de movimientos nacionales, principalmente en Escocia, Flandes, el País Vasco y Cataluña –a los que se suman otras movilizaciones menos influyentes, étnicas o nacionalistas, en otras regiones– plantean cada vez con mayor insistencia la separación de sus Estados actuales, a partir de la promoción de identidades nacionales. Las fuerzas dirigentes de estos movimientos –las distintas burguesías y oligarquías nacionalistas– persiguen la formación de nuevos Estados en el seno de la Unión Europea a través de la autodeterminación, dentro del contexto de dominio imperialista, y sin cuestionar ni el capitalismo ni el poder de las elites económicas y sociales que con sus políticas están empobreciendo a los pueblos y a los trabajadores europeos.
Por otra parte, desde las instituciones imperialistas de la Unión Europea se viene promoviendo desde hace años a los movimientos identitarios, de carácter nacionalista y étnico, y se reconoce cada vez más la legitimidad de sus reivindicaciones culturales y políticas. Desde una parte de la oligarquía europea, principalmente alemana –potencia dominante y nacionalmente homogénea en el seno de Europa–, se ve con buenos ojos este movimiento, que le permitiría debilitar a otras oligarquías históricamente más vinculadas a los viejos Estados. El derecho de autodeterminación en el seno de la Unión Europea no sería más que un vehículo para la mejor penetración del gran capital monopolista y para debilitar las oligarquías rivales dependientes. El objetivo es potenciar la creación de euro-regiones nacionales o étnicas, con personalidades políticas propias, y ligadas directamente al gobierno europeo en Bruselas. Así, una oligarquía financiera fuertemente centralizada podrá explotar con mucha mayor facilidad a unos pueblos divididos (cuando no enfrentados) y organizados en torno a etnias y nacionalidades que competirán entre ellas por atraer inversiones o por disputar mercados a otras regiones. El “derecho a decidir” no sería más que una estrategia para establecer nuevas formas de sumisión al imperialismo más provechosas para la gran burguesía nacionalista catalana de acuerdo con los intereses de la potencia dominante, Alemania.
Varias instituciones de la Unión Europea, así como fundaciones, institutos, etc., al igual que partidos nacionalistas, vienen desarrollando este proyecto desde hace décadas, bajo estricto control de Alemania en términos de financiación, dirección y creación de hegemonía en torno a las ideas etnicistas. Estas ideas tuvieron una gran resonancia en los grandes medios de comunicación y en el Parlamento Europeo, creando el sustento filosófico y político que llevó a apoyar las reivindicaciones secesionistas y étnicas en Yugoslavia y más tarde las guerras de la OTAN contra este país.
Entre las organizaciones políticas e instituciones que se encuentran bajo la órbita alemana destacan el Partido Democrático de los Pueblos-Alianza Libre de Europa (PDPE-ALE), que trabaja con los Verdes y que cuenta entre sus animadores a Daniel-Cohn-Bendit, ex trotskista de mayo del 68 y hoy promotor de guerras genocidas por todo el mundo, desde Yugoslavia a Libia y Siria. El PDPE-ALE, del que forman parte Esquerra Republicana de Cataluña, Eusko Alkartasuna, el Bloque Nacionalista Galego o la Chunta Aragonesista, trabaja estrechamente con la Asociación de las Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), la Unión Federalista de las Comunidades Étnicas (UFCE) que organiza congresos de comunidades étnicas y que promueve un “derecho de las minorías” en contraposición a los Estados actuales –excepto el alemán, cuya población es prácticamente un grupo nacional homogéneo–, y el European Center for Minorities Issues (ECMI), financiados por Alemania, a veces directamente desde su Ministerio de Interior. Por otra parte, los documentos clave de la construcción europea son alemanes, como la carta de las lenguas regionales o minoritarias, la convención-marco para la protección de las minorías, las cartas de la autonomía local y regional y la carta de Madrid, todos ellos orientados a garantizar la preeminencia de Alemania en Europa en el camino hacia la mundialización capitalista bajo las directrices del neoliberalismo, las privatizaciones y el libre mercado (13).
Los viejos Estados, que durante siglos han desarrollado una dinámica de lucha de clases que ha permitido la conquista de derechos sociales y laborales, y que albergan importantes sectores públicos, incluso dominados por las oligarquías dependientes son un freno a la mundialización capitalista y el libre mercado. La resistencia de los trabajadores para frenar los retrocesos en materia de derechos sociales y laborales es mucho mayor en los Estados, donde grandes movimientos sindicales –y, ocasionalmente, partidos de izquierdas fuertes y arraigados de ámbito estatal–, suponen serias trabas a la desregulación laboral, económica y financiera que imponen los capitales imperialistas y sus servidores locales. La fragmentación de los Estados y la división y compartimentación del movimiento obrero y popular facilita la permeabilización de las políticas favorables al gran capital imperialista, dominadas por las privatizaciones, el libre mercado, la caída en picado de los salarios y la desregulación de las relaciones laborales en beneficio exclusivo de la gran patronal. Esa es una de las implicaciones del “derecho a decidir” en el contexto del imperialismo.
La alternativa republicana, popular y antiimperialista: soberanía real para Cataluña y España
La llamada a la historia que realizan tanto los partidarios del nacionalismo español como los partidarios del nacionalismo catalán para sustentar las reivindicaciones políticas, como no podía dejar de ser, peca de un fuerte parcialismo antihistórico y mitificador. En la larga historia común de los pueblos de Cataluña y del resto del Estado desde la unificación de la corona de Castilla con la de Aragón, ha habido épocas de sintonía y épocas de conflictos, épocas de terribles opresiones nacionales y épocas de libertades nacionales. Ni la relación de España con Cataluña –y con otros pueblos como el vasco- ha sido un oasis de felicidad, ni tampoco España ha sido una perpetua “prisión de los pueblos”. Por poner un ejemplo: no fue lo mismo la España franquista que la España republicana en su mentalidad y comportamiento respecto la realidad plurinacional del Estado. Ni España ha sido desde los reyes católicos hasta hoy “una grande y libre”, ni tampoco ha sido Cataluña una nación que existe desde la noche de los tiempos y que está oprimida desde el momento en que forma parte de la corona española.
Desde el rigor científico de Pierre Vilar –historiador premiado por la Generalitat de Cataluña y a quien nadie en su sano juicio podría acusar de anticatalanismo o de complacencia con el nacionalismo español- se comprueban hechos sorprendentes para el nacionalismo: incluso la victoria de Felipe V en 1714 es cuestionable como fecha mítica de la opresión catalana, dado la nueva época de auge socioeconómico que se abrió para Cataluña: «la historiografía catalana siempre se ha visto embarazada por el siglo XVIII. Éste se abre con la supresión de toda autonomía catalana, se cierra con una participación vigorosa de los catalanes en la defensa de España contra Napoleón», de esta manera «es, pues, un proceso espontáneo el que favorece, en este período, la aparición de un estado-nación español» (14), un Estado-nación español débil, cuya unidad será cuestionada desde finales del siglo XIX.
La antecesora de la gran burguesía nacionalista de CiU era la oligarquía industrial y financiera catalana, los Güell, los Ferrer, etc., agrupados en la patronal Fomento del Trabajo. Españolista ferviente, defensora de la esclavitud en las colonias –donde se enriqueció con el tráfico de esclavos, cuyos beneficios impulsaron en parte la industrialización de Cataluña– financió mercenarios que luchaban contra los independentistas cubanos y al ultraderechista Partido Español en Cuba que agrupaba a los terratenientes esclavistas. Se hizo nacionalista a finales del siglo XIX cuando, perdidas las colonias, el mercado español se volvió vital para su industria, y escogió a los reaccionarios Prat de la Riba y Cambó como sus ideólogos y representantes políticos para defender sus intereses frente a Madrid. Volvió a hacerse anticatalana cuando el peligro de revolución social acechaba en el horizonte –defendiendo métodos terroristas y de exterminio contra el movimiento obrero–y financiando a las monarquías corruptas de Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII, y más tarde apoyando a las dictadura de Primo de Rivera y Franco, como hicieron Cambó y tantos otros.
Hoy, cuando se plantean formas de relación directas con Bruselas y Washington en consonancia con el cambio estructural de la economía catalana –mucho más internacionalizada y volcada a la exportación–, los descendientes directos de aquella rancia burguesía blanquean su pasado españolista y radicalizan su discurso nacionalista. Pero en sí, el modelo de sociedad de CiU se parece como dos gotas de agua a las promovidas por los sectores más neofascistas del PP, como Aznar, Esperanza Aguirre y la FAES: para ambas burguesías, su modelo socioeconómico es el macrocasino de “Eurovegas”, la apertura sin condiciones a las multinacionales y al capital extranjero, la entrega de la nación a los poderes imperialistas a cambio de algunos beneficios, el apoyo a Israel –país al que Artur Mas, presidente de la Generalitat y actual dirigente del movimiento nacional catalán, ha elogiado repetidamente–, el apoyo abierto a los contrarrevolucionarios y terroristas cubanos, la oposición al gobierno revolucionario de Venezuela, y la construcción de una Cataluña que combina un modelo económico ultraliberal y el darwinismo social con las herencias culturales más conservadoras, una Cataluña, además, donde los sectores reaccionarios de la Iglesia católica tienen una gran influencia social y política.
No nos encontramos en la situación del año 1978, cuando Cataluña y otros pueblos del Estado venían de sufrir una terrible opresión nacional de la mano del régimen franquista, un régimen que contó con el apoyo de un sector sustancial de la burguesía industrial catalana que vio con muy buenos ojos la extirpación a sangre y fuego del poderoso movimiento obrero catalán y la garantía de un monopolio industrial por el nuevo Estado fascista. Una burguesía que además recibió con los brazos abiertos la llegada de decenas de miles de emigrantes españoles que, huyendo de la miseria a la que eran condenados, venían a ser explotados en la economía catalana a precios muy competitivos. Estos emigrantes, por cierto, tuvieron una contribución muy importante con sus luchas para la recuperación de las libertades nacionales. A partir del año 1978, cuando finaliza la transición hacia el actual régimen monárquico, Cataluña pudo recuperar una buena parte de su autogobierno conseguido en la II República en gran medida gracias a las luchas antifranquistas obreras y populares que protagonizó el PSUC en Cataluña y el PCE en el resto de España durante el franquismo. Lamentablemente, el autogobierno de Cataluña fue a parar a manos de la oligarquía catalana que lo ha usufructado casi ininterrumpidamente desde entonces por la terrible corrosión política e ideológica de las organizaciones de izquierdas.
La constitución de un Estado capitalista catalán en el seno de la Unión Europea –que nacerá con defectos congénitos, ya que deberá asumir una gran parte de la deuda pública española– no mejorará las condiciones de vida de los trabajadores catalanes, probablemente las empeorará al aislarlos de la clase obrera del resto del Estado. Las políticas de la Unión europea, de los llamados mercados financieros y del gran capital internacional, afectan por igual a los trabajadores catalanes y españoles, así como a los países más dependientes y semicoloniales de la Unión Europea, como Portugal, Grecia o Irlanda. Son políticas que benefician prioritariamente a Alemania mediante el saqueo impune de los trabajadores y los pueblos a través de la deuda externa y las políticas de ajuste. La libertad real de Cataluña no puede plantearse desde el formalismo de un “derecho a decidir” que busca acomodarse dentro del imperialismo europeo, ni tampoco desde proyectos sobre formas del Estado ideales que no tienen en cuenta el contenido de clase. La libertad real, al igual que la de España, pasa necesariamente por cortar las cadenas que unen a Cataluña y España con el sometimiento al imperialismo, en primer lugar por el capital monopolista y por el vasallaje político y económico al que la Unión Europea somete a España y a Cataluña como si fueran dos semicolonias.
Una relación verdaderamente justa de los pueblos del Estado, una auténtica libertad nacional y una verdadera soberanía, sólo puede conseguirse desde el marco de la ruptura con el imperialismo. Sin esa perspectiva, cualquier esperanza independentista sólo puede acabar en una nueva relación de sumisión al imperialismo. Los trabajadores de Cataluña, al igual que los del resto del Estado y los otros pueblos que conviven en su seno tienen los mismos enemigos: la oligarquía española –constituida también por las elites económicas del País Vasco y Cataluña–, la gran burguesía catalana y el imperialismo que oprime a los pueblos. Los lazos históricos que unen a los trabajadores y los pueblos del Estado español, que sufren por igual los efectos de las políticas imperialistas, justifica un esfuerzo por encontrar espacios de unidad desde la igualdad nacional y encontrar el verdadero derecho de autodeterminación. La República Popular y antiimperialista, como señalaba Comorera, hoy también puede convertirse en un marco de libertad para los trabajadores y los pueblos del Estado español dentro de la unión fraternal y la igualdad en derechos. Esta República puede unirse a la corriente mundial de países –como los del ALBA (Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, etc.), así como otros países que respetan la soberanía nacional y la igualdad en las relaciones internacionales– que se esfuerzan en poner en pie unas sociedades alternativas a las injusticias del capitalismo, basadas en la solidaridad, la defensa de los trabajadores y los sectores populares, y la independencia y unidad de todas las naciones en la búsqueda de su particular camino hacia el socialismo.
Notas
(1) Joan Comorera: Contra la guerra imperialista i per l'alliberació social i nacional de Catalunya. http://marxists.org/catala/comorera/1940/09/08091940.htm
(2) Comorera, obra cit.
(3) Gianfranco Pala: La crisis después de todo. Crítica del postfordismo y cadenas imperialistas transnacionales. Marx Ahora, nº 9, 2000, La Habana, pp. 59-78.
(4) Lenin: Balance de la discusión sobre la autodeterminación. Editorial Akal 74, Madrid, 1975, pp. 151 y 160.
(5) Joan Comorera: La nació en la nova etapa histórica. http://www.marxists.org/catala/comorera/1944/nacio/nacio3.htm
(6) Joan Comorera: Lletra oberta a Reis Bertral. http://www.marxists.org/catala/comorera/1948/xx/xxxx1948.htm
(7) Lenin: obra cit., pp. 120 y 121.
(8) Pierre Vilar: Sobre els fonaments de les estructures nacionals. Curial Edicions Catalanes, Barcelona 1985, p. 53.
(9) Vilar, obra cit., p. 157.
(10) J. Stalin: Cómo Entiende la Socialdemocracia la Cuestión Nacional. http://www.eroj.org/biblio/stalin/cuestion/cuestion.htm#FOOT1_1
(11) http://www.lavanguardia.com/politica/20120913/54349503132/mas-estado-actuar-manifiesta-deslealtad-deficit.html
(12) Comorera, obra cit.
(13) Pierre Hillard: La décomposition des nations européennes. De l’union euro-atlantique à l’Etat mundial. François-Xavier de Guibert, Paris, 2005.
(14) Vilar: obra cit. p. 49.
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